Entrevista a Alison Mauriola

1. Alison, coméntanos ¿Cuál es tu perspectiva sobre la legalización del aborto en Perú? ¿Crees que debería haber más regulaciones o un enfoque más liberal?

El liberalismo propone soluciones distintas y de todas las doctrinas: desde la corriente que propone la  total “libertad” para abortar, incluso semanas antes de nacer; hasta aquella que afirma que se debe “respetar el proyecto de vida” del no nacido. Por tanto, el enfoque liberal no es objetivo; antes bien, es gradual, admite niveles y admite la posibilidad de la más extrema política abortista. Repito, eso dependerá de a quién se le pregunte. 

Dicho esto, es importante definir que el aborto es un parto forzado que resulta en la muerte del no nacido, que es un ser humano en desarrollo. Acabar con la vida humana en cualquier etapa de la vida es un delito, de tal forma que el aborto no puede ser legalizado. Las únicas regulaciones legales que deberían haber son las que existen en el Código Penal o normas que protejan la vida humana.

2. Desde tu experiencia en derecho, ¿qué desafíos legales encuentras en la legislación actual sobre el aborto en Perú?

No estoy en la capacidad jurídica de proponer una solución para estas problemáticas, pero sí puedo señalarlas: el papel de los convenios o tratados internacionales, la negligencia de las autoridades para sancionar penalmente a los centros ilícitos de aborto y el atenuante del artículo 120 del Código Penal. 

Con respecto al primero, hay ambigüedades en los convenios que ha firmado nuestro país y deben ser resueltas. Por ejemplo: el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dice que “los Estados Partes [sic.] adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer”; lo que debe definirse es el concepto de discriminación, pues es sabido que hay corrientes ideológicas que conciben la penalización del aborto como parte de esa injusticia de discriminación. En otras palabras, mediante la manipulación del lenguaje, que no es otra cosa que utilizar palabras ambiguamente para legalizar el aborto.

Otro reto es que las leyes persiguen a las personas que realizan, favorezcan, ejecuten o fuercen a practicar un aborto, pero siguen operando los centros ilícitos de abortos. No quiero decir que se deben redactar más leyes, sino que pocos que sean efectivas. No solo a nivel del Poder Legislativo, sino también de las autoridades regionales y municipales.

Por último, es grave que se sancione con menos rigurosidad a los abortos hechos contra determinados —llamémoslos así— grupos sociales. Me explico, el artículo 120 del Código Penal tipifica lo siguiente:

El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses:

1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente; o

2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.

   
   

En el primer inciso habla del ser humano no nacido que resulta de una relación fuera del matrimonio, ¿está dando a entender implícitamente el Código que es menos grave matar a los hijos extramatrimoniales? Vale hacer la misma pregunta para el inciso número dos: ¿es menos grave abortar a un bebé con “taras” físicas o psíquicas? Evidentemente un aborto intencional siempre es un delito grave sin importar qué características tenga o en qué condiciones haya sido procreado el bebé abortado.

3. ¿Cómo consideras que el aborto afecta los derechos reproductivos de las mujeres y qué medidas crees que se podrían implementar para proteger esos derechos?

El aborto es un problema de salud porque es una práctica donde dos humanos padecen: las secuelas severas o la muerte, a veces las dos en el caso de la madre y la última siempre para el no nacido. 

Si los derechos reproductivos consisten en aborto o píldoras abortivas, entonces tales derechos son falsos. Debido a que para “ejercerlo” se requiere matar a un no nacido en cualquiera de sus modalidades: ocasionarle un infarto, asfixia o, el peor, destrozo de extremidades que llevan a la muerte. 

4. ¿Qué opinas sobre las políticas de aborto en otros países y cómo podrían influir en el debate sobre el aborto en Perú?

Hay políticas que no deben imitarse, porque existe la máxima de ética que dice que se implementa lo bueno y lo malo se descarta. Por un lado, hay países como Estados Unidos donde se puede abortar hasta antes de los 9 meses (en algunos estados). Por otro lado, sin ir muy lejos, en Argentina hay un protocolo de salud que permite abortar por una causal de “salud mental”, y este se intentó implementar en el Perú mediante los fallidos proyectos de ley.

La presión siempre es mediática, como fue en el caso de Argentina. El debate en dicho país empezó cuando se dio el Caso Belén, luego las organizaciones internacionales —como Amnistía Internacional y Planned Parenthood— presionaron a los políticos para que lleven el proyecto a debate legislativo. Cabe mencionar que los “influencers” hicieron lo propio.

Nuestro país está lejos de un escenario donde el aborto sea ampliamente aceptado como sucedió en Argentina, pero a pesar de ello la sociedad, que somos todos nosotros, no debe darle tanto protagonismo a las organizaciones internacionales, porque alguna vez el país del mate fue como Perú.

5. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la educación sexual en la prevención de embarazos no deseados y su relación con el aborto?

En el caso de Uruguay, por ejemplo, desde su legalización el aborto se ha dado en un 90 % porque así lo quisieron de los padres; es decir, por ser un embarazo no deseado. Por tanto la educación sexual debe reducir el número de abortos, no aumentarlos con la enseñanza del uso de preservativos, que tienen una probabilidad de 95 % de no funcionar.

6. ¿Cómo crees que la legislación sobre el aborto debería abordar las situaciones en las que el embarazo resulta de una violación o incesto?

Está comprobado que el aborto no disminuye el dolor del ultraje sexual; antes bien, lo intensifica al ser un parto forzado mecánicamente con instrumentos intrusivos. No legalizar el aborto por violación no es avalar la violencia sexual ni promoverla, más bien se trata de reconocer a dos víctimas: la madre y el no nacido. 

La legislación ya es severa con los violadores. Lo que propondría, además de mantener de mantener esa severidad, es una serie de medidas prácticas adicionales como la castración química.

7. ¿Qué piensas sobre la intersección entre religión y política en el debate sobre el aborto? ¿Cómo debería el Estado manejar estas influencias en su legislación?

La religión tiene doctrinas morales, pero la religión no es igual que la moral. Hoy las organizaciones proaborto llaman “religión” a lo que en realidad es moral. Es justo que ninguna religión controle los poderes estatales.

Las razones por las que el Estado debe prohibir el aborto son científicas principalmente; sin embargo, algunos piensan erróneamente que las razones morales no tienen cabida. ¿Por qué es un error pensarlo? Porque el Estado sí considera máximas morales para legislar, es tan sencillo como leer los primos artículos del Código Civil y caer cuenta que hablan de las “buenas costumbres” y “mala fe”. Por tanto, se toma en cuenta la moral para legislar. 

8. ¿Cómo ves el papel de los profesionales de la salud en la discusión y en la implementación de políticas relacionadas con el aborto? ¿Qué garantías deberían tener para actuar de acuerdo con la ley y con principios éticos?

El papel de los médicos es uno de los más importantes, pues ellos tienen el deber de respetar la vida humana, esto lo prevé la ley a tal punto de que se tipifica en el Código Penal el delito de aborto en grado agravado cuando lo practica un médico o cualquier personal sanitario. Esto se debe a que estos profesionales tienen un rol para salvar vidas y, al ejecutar esta práctica ilícita, se intensifica la pena. Es imprescindible que los médicos respeten el juramento hipocrático que hacen al empezar sus labores, cuyo fin es salvar vidas y no exterminarlas, acción que hacen los médicos en la práctica del aborto. No hay mejor garantía que respetar el Protocolo Médico y aplicar las sanciones cuando no protejan la vida humana.